La salvación está fuera del Estado

La creencia generalizada de que el Estado es la única entidad capaz de organizar y dirigir una sociedad hacia el progreso ha calado profundamente en la conciencia colectiva. Esta narrativa se ha arraigado tanto en nuestra cultura que muchos ni siquiera se atreven a cuestionarla. Desde la niñez, el sistema educativo, los medios de comunicación y la propia estructura gubernamental nos moldean para aceptar esta idea como incuestionable. Sin embargo, si echamos un vistazo más crítico a la historia y a las sociedades modernas, la realidad es muy distinta: el poder centralizado, encarnado en un Estado omnipresente, no solo no garantiza el progreso, sino que muchas veces lo obstaculiza.

En Colombia, hemos sido testigos directos de cómo el Estado se ha convertido en un aparato que asfixia a sus ciudadanos. Con impuestos desmedidos, regulaciones interminables y una burocracia que devora los recursos, el gobierno parece haber olvidado su propósito original de servir a la población. En lugar de fomentar el crecimiento económico y la libertad individual, el sistema ha evolucionado para tratar a las personas como simples fuentes de financiamiento, como cajeros automáticos. La corrupción, omnipresente y profundamente arraigada, ha convertido al Estado en un Leviatán que no responde a los intereses del pueblo, sino a los de una élite política y económica que busca perpetuarse en el poder.

En este contexto, es inevitable cuestionarse si la solución a los problemas sociales y económicos que enfrentamos realmente pasa por más intervención estatal. Si algo ha quedado claro con la historia, es que las instituciones fuera del Estado —lo que llamamos “sector privado” en el sentido más amplio— tienen una capacidad inmensa para organizar, proteger y sostener a la sociedad. Las iglesias, las familias y las organizaciones comunitarias han demostrado una y otra vez ser los pilares sobre los que se construye una sociedad fuerte y resiliente.

Es irónico que en una época en la que se ensalza la centralización del poder, olvidemos que la mayor parte de la historia humana ha sido organizada sin la intervención de gobiernos como los conocemos hoy. En los tiempos premodernos, antes del surgimiento del Estado-nación, las personas se organizaban a través de redes sociales informales, familias extendidas y comunidades religiosas. Estos sistemas, aunque no perfectos, ofrecían un nivel de cohesión y seguridad que a menudo superaba al de los estados modernos. En muchas comunidades rurales de Colombia, la justicia comunitaria sigue siendo más efectiva que el sistema judicial estatal, plagado de corrupción y demoras interminables. Las soluciones locales, adaptadas a las necesidades y particularidades de cada comunidad, demuestran una y otra vez su capacidad para resolver problemas de manera mucho más eficiente que cualquier burocracia centralizada.

Pero ¿por qué no se celebra este poder natural y descentralizado? Porque, en el fondo, el Estado y quienes se benefician de su poder centralizado temen la pérdida de control. Un gobierno central fuerte necesita justificar su existencia, y la mejor manera de hacerlo es mantener una narrativa en la que solo él tiene la capacidad de proporcionar orden, justicia y seguridad. Sin embargo, esta es una ilusión que ha sido sostenida a costa de la libertad y la prosperidad de millones de personas. A medida que el Estado se expande, la capacidad de las instituciones privadas para organizarse y florecer se ve mermada, lo que resulta en un ciclo de dependencia y control.

En Colombia, la intervención del Estado en la economía ha generado más problemas que soluciones. Las empresas se ven atrapadas en un laberinto de regulaciones y trámites que, en lugar de fomentar el crecimiento y la inversión, lo ralentizan. Las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía, se enfrentan a un entorno hostil donde la innovación se ve limitada por una carga regulatoria excesiva y donde la informalidad se convierte en una alternativa desesperada. A su vez, los ciudadanos, en lugar de ser recompensados por su trabajo y esfuerzo, se encuentran abrumados por impuestos que parecen diseñados no para promover el bienestar común, sino para financiar una burocracia cada vez más inflada e ineficiente.

La respuesta a estos problemas no radica en una mayor intervención del Estado, sino en su reducción. No necesitamos más leyes, más regulaciones o más impuestos; necesitamos un retorno a los principios que permitieron el crecimiento y la prosperidad en primer lugar: libertad económica, propiedad privada y la descentralización del poder. A medida que el Estado se retira, las instituciones naturales —la familia, la comunidad y el mercado— pueden asumir el papel que les corresponde en la construcción de una sociedad justa y próspera.

Este enfoque no es solo una teoría abstracta, sino que ha sido probado en la práctica. Los países más prósperos del mundo no son aquellos donde el gobierno controla todos los aspectos de la vida económica y social, sino aquellos donde la libertad individual es respetada y donde las personas pueden organizarse libremente para perseguir sus propios intereses. En los países escandinavos, por ejemplo, la alta calidad de vida no es el resultado de un estado omnipresente, sino de una sociedad que ha permitido que el mercado y las instituciones privadas jueguen un papel clave en la provisión de bienes y servicios.

Pero ¿cómo se traduce esto en el contexto colombiano? Es simple. Colombia necesita un enfoque basado en el empoderamiento de las personas y las comunidades, no en la expansión del poder estatal. Las soluciones a problemas como la pobreza, la desigualdad y el desempleo no vendrán de un gobierno que trata a los ciudadanos como meros contribuyentes, sino de una sociedad que permite que las personas organicen sus vidas y negocios sin la interferencia constante de una burocracia centralizada. Esto significa reducir los impuestos, simplificar las regulaciones y permitir que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, prosperen en un entorno de libertad económica.

Al mismo tiempo, debemos reconocer el papel vital de las instituciones no comerciales en la sociedad. Las iglesias, las cooperativas, las familias y las organizaciones comunitarias son fundamentales para la cohesión social. En lugar de tratar de sustituirlas con programas estatales, deberíamos empoderarlas para que continúen desempeñando su papel esencial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En muchas partes de Colombia, donde el gobierno es débil o inexistente, estas instituciones ya están haciendo el trabajo pesado. Lo que necesitan no es más intervención estatal, sino más libertad para operar.

En resumen, la solución a los problemas de Colombia no es más Estado, sino menos. Es un retorno a los principios de libertad y responsabilidad individual que permitieron a las sociedades prosperar antes de que el poder centralizado se convirtiera en el estándar. Solo cuando entendamos que el Estado no es la solución a todos nuestros problemas, podremos comenzar a construir una sociedad verdaderamente libre y próspera, una sociedad en la que las instituciones privadas y las personas puedan florecer sin ser sofocadas por el control burocrático y los impuestos asfixiantes. El futuro de Colombia no depende de más intervención gubernamental, sino de la libertad para que cada persona, familia y comunidad construya su propio destino.