La Paradoja del Progreso en Colombia

En Colombia, la discusión sobre la orientación política de los gobiernos ha sido una constante. A menudo se escucha que, hasta hace poco, no habíamos tenido un gobierno de izquierda, sino que habíamos sido gobernados por la derecha. Sin embargo, una revisión más detenida de las políticas implementadas en las últimas décadas revela una realidad más compleja. A pesar de las etiquetas políticas, los gobiernos recientes han adoptado prácticas que no encajan fácilmente en una definición clara de derecha o izquierda, sino que reflejan una tendencia hacia la intervención estatal, el crecimiento de la burocracia, y una serie de políticas que han tenido implicaciones profundas en la economía y la sociedad colombiana.

Históricamente, los partidos que se han autodenominado de derecha en Colombia han implementado políticas que, en teoría, deberían fomentar la libre empresa, reducir la intervención estatal en la economía y promover un entorno favorable para la inversión y la creación de empleo. No obstante, en la práctica, estos gobiernos han llevado a cabo acciones que han aumentado la burocracia estatal y la intervención en la economía. La creación de nuevos ministerios, entidades gubernamentales y programas sociales, lejos de reducirse, ha aumentado significativamente, contribuyendo a un aparato estatal cada vez más pesado y costoso.

Uno de los aspectos más visibles de esta intervención es el aumento constante de impuestos. En lugar de adoptar políticas fiscales que incentiven la inversión y el emprendimiento, los gobiernos han recurrido repetidamente a aumentar la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas. Este enfoque no solo desincentiva la creación de nuevas empresas y la generación de empleo, sino que también reduce la competitividad del país en el ámbito internacional.

La firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) es otro aspecto controvertido. Aunque en teoría los TLC deberían abrir mercados y fomentar el crecimiento económico, en la práctica muchos de estos acuerdos han sido criticados por no beneficiar adecuadamente a Colombia. En lugar de fortalecer sectores estratégicos y promover la innovación, algunos TLC han resultado en una mayor dependencia de importaciones y una competencia desleal que afecta negativamente a las industrias locales.

Además, la inflación ha sido una preocupación constante. Las políticas económicas que no han logrado controlar adecuadamente este fenómeno han llevado a una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La falta de control sobre la inflación es un reflejo de una gestión económica que, lejos de ser eficiente, ha contribuido a la inestabilidad y la incertidumbre.

La corrupción es otro problema endémico que ha permeado todas las administraciones recientes, independientemente de su supuesta orientación política. Los escándalos de corrupción han minado la confianza en las instituciones y en los líderes políticos, creando un ambiente de desilusión y desconfianza entre los ciudadanos. La corrupción no solo erosiona los recursos públicos, sino que también impide el desarrollo de políticas eficaces y justas.

Los programas sociales, en lugar de estar diseñados para fomentar la autosuficiencia y la creación de oportunidades, a menudo se han utilizado como herramientas para ganar apoyo político. Estos programas, aunque necesarios para los sectores más desfavorecidos, frecuentemente se implementan de manera que desincentivan la búsqueda de empleo, el emprendimiento y la innovación. En lugar de crear un entorno propicio para el desarrollo económico y social sostenible, se convierten en un mecanismo para mantener el statu quo y asegurar lealtades políticas.

En conclusión, los gobiernos en Colombia, independientemente de cómo se etiqueten políticamente, han seguido un camino de intervención estatal, aumento de la burocracia, y políticas económicas que no siempre benefician al país. Esta realidad desafía la noción simplista de gobiernos de derecha o izquierda, y sugiere que la política en Colombia necesita una reevaluación profunda para abordar los problemas estructurales que han impedido un desarrollo más equitativo y sostenible. Para avanzar, es crucial adoptar políticas que verdaderamente promuevan la libertad económica, la creación de empleo y la innovación, al tiempo que se combate la corrupción y se optimiza el uso de los recursos públicos.