El Mito de los Impuestos: ¿Quién Paga Realmente el Precio?

En la dinámica de una democracia representativa, los votantes eligen candidatos que prometen mejorar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, es crucial entender cómo piensan lograrlo. Una solución recurrente propuesta por los políticos es aumentar los impuestos a ciertas actividades económicas con la justificación de que es "por el bien de los ciudadanos". La realidad es más cruda: estas medidas son, en su esencia, mecanismos para recaudar dinero.

La percepción común, influenciada por una pobre educación financiera y económica, es que los impuestos los pagan los mas ricos, los empresarios o emprendedores. Esta idea está lejos de la verdad. En realidad, los impuestos solo son transferidos por las empresas al estado, pero quienes verdaderamente pagan estos impuestos son los consumidores. Cuando el estado impone impuestos sobre las actividades económicas, las empresas se ven obligadas a aumentar el precio de sus productos o servicios para cubrir este nuevo costo. Los impuestos no forman parte de los costos de producción o los gastos operativos; son un porcentaje adicional que se añade al valor de los bienes y servicios. Como resultado, los consumidores finales terminan pagando estos impuestos a través de precios más altos.

Imaginemos una pequeña panadería que debe pagar un impuesto adicional por cada pan que produce. Este impuesto no es absorbido por el dueño de la panadería. En cambio, el precio del pan aumenta para cubrir el nuevo costo. El consumidor, que compra el pan, es quien paga realmente el impuesto. Este fenómeno se repite en todos los sectores de la economía.

La carga de los impuestos es, por tanto, transferida a los ciudadanos, quienes enfrentan mayores precios en bienes y servicios. Este aumento de precios afecta especialmente a las personas de bajos recursos, que encuentran más difícil acceder a productos básicos y servicios esenciales. La idea de que los impuestos pueden mejorar las condiciones de vida se vuelve una ilusión, ya que en realidad dificultan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Celebrar la aprobación de nuevos impuestos es, en muchos sentidos, una burla por parte de los políticos a sus electores. Los impuestos, lejos de mejorar las condiciones de vida, las complican. La creencia de que los impuestos afectan solo a los empresarios o emprendedores ignora el hecho de que el peso recae finalmente sobre los consumidores. 

Para ilustrar aún más esta situación, consideremos la inflación. A menudo escuchamos que la inflación es el aumento general de los precios, pero en realidad, se trata de la devaluación de la moneda. La narrativa del "aumento de precios" se utiliza para culpar al empresario, insinuando que la avaricia y la codicia son las causas de los altos precios. Esto es una falacia. Ningún negocio quiere fijar precios altos que lo hagan menos competitivo. Los precios se ajustan para alcanzar un punto de equilibrio que permita mantener la calidad de productos y servicios.

La verdadera solución no está en aumentar los impuestos, sino en crear un ambiente económico donde las empresas puedan prosperar sin cargas fiscales desproporcionadas. Esto implica reducir la intervención estatal y permitir que el mercado funcione de manera más libre. Una economía menos regulada y con impuestos más bajos facilita la creación de empleos, la innovación y el crecimiento económico.

Para los ciudadanos colombianos, es crucial entender que cada impuesto adicional aprobado repercute directamente en sus bolsillos. La educación financiera debe ser una prioridad para que las personas comprendan cómo funcionan los impuestos y cómo afectan su vida diaria. Solo así podrán tomar decisiones informadas y exigir políticas que realmente beneficien a la mayoría.

En conclusión, la narrativa de que los impuestos son necesarios para el bienestar de los ciudadanos es engañosa. Los impuestos, en su mayoría, son pagados por los consumidores a través de precios más altos. En lugar de celebrar nuevos impuestos, los ciudadanos deben exigir transparencia y eficiencia en el gasto público, y políticas que promuevan el crecimiento económico sin aumentar la carga fiscal. Así, se podrá construir una economía más fuerte y justa para todos. Recomendaciones finales incluyen fomentar una educación financiera robusta, reducir la burocracia y crear incentivos reales para el emprendimiento y la innovación. Solo así se podrá garantizar un futuro próspero y sostenible para Colombia.