La Narrativa Confiscatoria: Desmontando Dos Falacias Fiscales

 

En el escenario político y económico contemporáneo, una narrativa persistente se cierne sobre la sociedad: la creencia de que los impuestos son bajos y que la recaudación se destina principalmente a servicios esenciales como la sanidad y la educación. Sin embargo, detrás de estas afirmaciones se ocultan dos falacias fundamentales que merecen ser desenmascaradas.

Una de las falacias más extendidas es la idea de que los ciudadanos pagan pocos impuestos. Esta percepción podría ser cierta si solo consideramos los impuestos directos sobre la renta, que a menudo son visibles y transparentes. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja. En un país como Colombia, donde el esfuerzo fiscal es especialmente agudo, los impuestos indirectos y las cargas fiscales sobre la inversión, el ahorro, el capital y el consumo son asfixiantes y empobrecedores.

Para un trabajador con un salario mínimo en Colombia, la carga fiscal puede ser abrumadora, llegando a aproximadamente el 53% de sus ingresos. Esta cifra incluye no solo los impuestos directos que se deducen de su salario, sino también los impuestos indirectos que se ocultan en el precio de bienes y servicios esenciales. Esta realidad pone en perspectiva la magnitud de la carga fiscal que soportan muchos ciudadanos, especialmente aquellos en los estratos económicos más bajos.

Otra falacia común es la idea de que la mayoría de la recaudación fiscal se destina a servicios sociales esenciales como la sanidad y la educación. Si bien es cierto que estos sectores reciben una parte significativa de los ingresos públicos, la distribución real del gasto público a menudo revela una realidad diferente. La propaganda gubernamental, especialmente en contextos políticos de orientación socialista, intenta convencer a la población de que el expolio fiscal es una política social necesaria para el bienestar colectivo.

Sin embargo, el verdadero problema radica en cómo se gestiona y distribuye el gasto público. En muchos casos, nos encontramos con un despilfarro irresponsable y un endeudamiento creciente que no se traduce en beneficios tangibles para la sociedad. La aristocracia del gasto público tiende a justificar su excesivo dispendio argumentando que están trabajando en pos del "bien común", mientras que en realidad, el costo recae desproporcionadamente en los contribuyentes.

Desenmascarar estas falacias fiscales es fundamental para promover un debate público más informado y transparente sobre la gestión de los recursos públicos. Es imperativo cuestionar la narrativa confiscatoria que perpetúa la creencia de que los ciudadanos no pagan lo suficiente en impuestos y que el gasto público descontrolado es la única forma de garantizar el bienestar social.

La verdadera responsabilidad fiscal implica no solo recaudar fondos de manera justa y equitativa, sino también garantizar que estos recursos se administren de manera eficiente y transparente. Los ciudadanos tienen derecho a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de los gobiernos y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan su bienestar económico. Al desafiar las falacias fiscales arraigadas, podemos avanzar hacia políticas fiscales más equitativas y sostenibles que promuevan un desarrollo económico genuino y una distribución justa de la riqueza.