"Jóvenes en paz": Un programa mas para crear incentivos perversos.

 


Han sido varias las voces que desde el actual gobierno colombiano han tratado de justificar el pago de incentivos a jóvenes involucrados con la violencia para que no cometan delitos, desde el presidente Gustavo Petro, el ministro de Interior Luis Fernando Velasco y afiles de a Colombia Humana como Gustavo Bolívar entre otros, intentan convencer a la ciudadanía que el programa “Jóvenes en paz” traería innumerables “beneficios” para el país, siendo el único beneficio visible el pago de 1’000.000 de pesos a estos jóvenes para que dejen de delinquir.

Pagarles a jóvenes integrantes de bandas criminales para que no cometan delitos es una idea problemática por varias razones. Desde una perspectiva económica, repartir el dinero de los contribuyentes, nunca ha logrado equilibrar la brecha económica entre diferentes grupos sociales. Sin embargo, implementar pagos a criminales tiene aun mas consecuencias y que son desastrosas para la economía.

En primer lugar, este enfoque implica utilizar recursos públicos para financiar a personas involucradas en actividades ilegales. Esto significa que el dinero que podría destinarse a inversiones productivas, educación, salud o infraestructura termina en manos de criminales. En lugar de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social, se está alimentando a aquellos que están dañando la sociedad.

Además, pagar a las bandas criminales crea un incentivo perverso. En lugar de disuadir la delincuencia, se está premiando a los delincuentes por su comportamiento ilícito. Esto puede llevar a un aumento de la criminalidad, ya que otros individuos pueden ver la oportunidad de obtener beneficios económicos similares al involucrarse en actividades delictivas. En lugar de reducir la violencia y promover la seguridad, esta medida puede generar un ambiente aún más peligroso y caótico.

Por último, pero no menos importante, los costos económicos de esta estrategia recaen sobre los empresarios y los trabajadores. Los empresarios sufrirían un mayor peso financiero debido a la necesidad de financiar estos pagos y, en última instancia, esto podría afectar su capacidad para invertir, expandir sus negocios y generar empleo. Por otro lado, los trabajadores también podrían verse perjudicados, ya que los recursos que podrían destinarse a mejorar salarios, condiciones laborales o beneficios se están utilizando para financiar a criminales.

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