Decretar salarios, empobrecer realidades
En Colombia, el salario mínimo ha dejado de ser una variable económica para convertirse en un instrumento político. El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementarlo en un 23% por decreto, tras el fracaso de la mesa de concertación, no solo rompió una tradición de diálogo social imperfecto pero funcional, sino que expuso una visión de la economía más cercana al voluntarismo ideológico que al análisis técnico. No se trata de negar la legítima aspiración de los trabajadores a mejorar sus ingresos, sino de cuestionar si el camino elegido conduce realmente a ese objetivo o, por el contrario, profundiza los problemas estructurales que se dicen combatir. Resulta revelador que incluso las centrales sindicales, históricamente proclives a aumentos agresivos, plantearan un techo cercano al 16%. Ese dato no es menor: indica que actores directamente interesados en la mejora salarial reconocen los límites que impone la productividad, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial. Cu...