La Gran Mentira de la Democracia: Un Juego de Amiguismos y Elites que Sostienen el Poder

Vivimos en una era donde la palabra "democracia" se agita como bandera de progreso y libertad, una promesa de que todos tenemos voz y voto. Sin embargo, esa ilusión de participación ha evolucionado en algo mucho más oscuro: una fachada de representación que oculta una realidad en la que las decisiones políticas y económicas las toma una élite estrechamente ligada al poder económico, y no a las masas a quienes se supone deben servir. La democracia moderna, lejos de ser un faro de equidad y justicia, es en muchos sentidos una trampa diseñada para mantener el statu quo.

En países como Colombia, donde las heridas del conflicto y la desigualdad son profundas, la democracia a menudo se percibe como una esperanza renovada cada cuatro años. Pero, ¿cuánto ha cambiado realmente? El ciclo se repite: promesas, elecciones, campañas financiadas por poderosos intereses privados, y una vez más, el ciudadano común queda atrapado en la maquinaria de un sistema que rara vez responde a sus verdaderas necesidades. En lugar de ser el espacio donde las mayorías gobiernan, la democracia se convierte en un juego de elites, donde los políticos se alinean con los grupos económicos que sostienen sus campañas y les permiten acceder al poder.

El ciudadano común dedica su vida a trabajar y luchar por un mejor futuro, sin tiempo ni recursos para involucrarse activamente en la política. Mientras tanto, aquellos que controlan el poder, que tienen acceso a la información privilegiada, a las relaciones políticas y a los recursos financieros, son los que moldean la dirección del país. En este sentido, la democracia se ha transformado en una mera ilusión: el voto del ciudadano promedio no tiene el peso que nos han hecho creer.

La conexión entre el amiguismo y el corporativismo en la política es evidente. Los grandes conglomerados, los grupos de interés y las elites económicas dominan las discusiones políticas porque son ellos quienes financian las campañas y, en última instancia, dictan las agendas. El resultado es un sistema donde las decisiones se toman en favor de unos pocos, mientras que los ciudadanos deben conformarse con las migajas que quedan. En Colombia, esto se refleja en las políticas económicas, donde la redistribución de la riqueza sigue siendo un espejismo, mientras que las reformas tributarias se aprueban para proteger los intereses de las grandes corporaciones a expensas de la clase media trabajadora.

No es solo en Colombia donde esta realidad es evidente. Basta con observar los movimientos recientes en América Latina y el mundo, donde las democracias han sido secuestradas por populistas, tecnócratas y burócratas que utilizan los mismos mecanismos democráticos para perpetuarse en el poder. Las masas, lejos de tener una participación activa, quedan atrapadas en un ciclo de promesas rotas y reformas ineficaces. Mientras tanto, el sistema sigue beneficiando a aquellos que ya ostentan poder económico y político. 

Pero el problema va más allá de la estructura política misma. Hay una desconexión profunda entre las personas y el sistema en el que están inmersas. La mayoría de los ciudadanos, atrapados en sus rutinas diarias, dedicando su tiempo a simplemente sobrevivir en una economía que no siempre les favorece, no tienen ni el tiempo ni los recursos para educarse adecuadamente en cuestiones políticas. Esta desconexión es aprovechada por aquellos que saben cómo manipular el sistema. Los políticos se valen de narrativas emocionales, slogans vacíos y promesas inalcanzables para asegurar el apoyo de las masas, a sabiendas de que las políticas reales que implementarán estarán destinadas a beneficiar a quienes financian sus carreras.

La inestabilidad inherente a la democracia es otro factor que perpetúa este ciclo de desigualdad. Cada elección trae consigo una nueva ola de promesas y expectativas, pero en un sistema de mayoría simple, más de la mitad de la población puede quedar sin representación real. Esto genera resentimiento, polarización y desconfianza en las instituciones. Los bandos ganadores y perdedores no solo se alternan en el poder, sino que se vuelven cada vez más distantes, convirtiendo la política en un juego de "ellos contra nosotros", donde el diálogo y el consenso desaparecen.

En este contexto, es difícil imaginar una solución fácil. Reformar la democracia para que sea verdaderamente representativa es una tarea monumental. Para empezar, la influencia del dinero en la política debe ser controlada. Mientras los intereses económicos sigan dictando las agendas políticas, las mayorías seguirán siendo marginadas. La transparencia en la financiación de campañas es solo un primer paso; más importante aún es reducir la dependencia de los políticos de los grandes capitales, promoviendo un sistema en el que las voces de los ciudadanos sean las que guíen las decisiones.

Un ejemplo claro de esta desconexión entre el ciudadano y el sistema es la reciente "guerra contra el efectivo" que ha tomado fuerza en muchas partes del mundo. Los economistas progresistas y los gobiernos tecnócratas han comenzado a empujar la idea de eliminar el dinero en efectivo, promoviendo una economía completamente digitalizada. Aunque esto se presenta como una medida moderna y eficiente, la realidad es que despojar a los ciudadanos del dinero en efectivo les quita control sobre sus propias finanzas, entregando ese poder directamente a los bancos y al gobierno. En Colombia, donde la informalidad económica es alta y el acceso a la banca es limitado para muchos, una medida de este tipo podría ser devastadora. Las clases trabajadoras, que dependen del efectivo para sus transacciones diarias, serían las más afectadas, mientras que el sistema financiero global se beneficiaría enormemente del control sobre cada transacción.

La eliminación del efectivo no es una medida de progreso, sino un mecanismo para centralizar aún más el poder en manos de unos pocos. Es otro ejemplo de cómo el sistema democrático se utiliza para beneficiar a las elites, mientras que las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos se quedan al margen. En lugar de resolver los problemas reales, como la desigualdad y la falta de oportunidades, el gobierno parece más interesado en controlar aún más la vida económica de sus ciudadanos, vendiéndolo como un avance tecnológico.

La solución a todos estos problemas no pasa por una reforma superficial, sino por un cambio profundo en la forma en que entendemos la política y el poder. Los ciudadanos deben retomar el control sobre su propia vida política, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y una verdadera representación. No se trata solo de votar cada cuatro años, sino de participar activamente en la construcción de una sociedad donde el poder no esté concentrado en manos de unos pocos. Las reformas tributarias, los ajustes fiscales y las políticas económicas deben diseñarse teniendo en mente el bienestar de las mayorías, no los intereses de las elites.

En conclusión, la democracia moderna ha sido secuestrada por los intereses corporativos y el amiguismo político. Lo que se presenta como un sistema de participación ciudadana es, en realidad, una ilusión diseñada para perpetuar el poder de unos pocos. En países como Colombia, esto se refleja en una desconexión cada vez mayor entre los ciudadanos y el sistema político, donde las reformas y decisiones clave se toman sin la participación real de las mayorías. Para cambiar esta realidad, los ciudadanos deben exigir una democracia más representativa, transparente y centrada en el bienestar colectivo, no en los intereses de las elites económicas.