El espejismo del control: cómo la narrativa estatal manipula nuestra realidad

Vivimos en un mundo donde la información fluye de manera constante y omnipresente, y sin embargo, las verdades que moldean nuestra percepción son cuidadosamente seleccionadas y manipuladas. Las autoridades, bajo la excusa de protegernos de la desinformación y las "influencias malignas", han tejido un entramado de control sobre el conocimiento que consumimos. Se trata de mucho más que la simple defensa contra noticias falsas o teorías conspirativas: el verdadero temor del poder es que el ciudadano promedio empiece a cuestionar la narrativa oficial y, con ello, desafíe las estructuras que sustentan la corrupción, la manipulación política y el declive económico.

En Colombia, este fenómeno se evidencia de manera cruda y visible. Los medios de comunicación dominantes y el aparato estatal funcionan como engranajes de una misma máquina que busca mantener el statu quo. La narrativa oficial nos dice que las políticas públicas están diseñadas para proteger los intereses de las mayorías, pero la realidad es mucho más sombría. El crecimiento desmedido del Estado, justificado por la supuesta necesidad de intervenir para garantizar derechos y proveer servicios esenciales, no ha hecho más que aumentar la carga sobre los ciudadanos. Los impuestos se disparan, los servicios empeoran y la burocracia se expande, mientras las soluciones reales parecen más lejanas que nunca.

El ciudadano promedio no ve cómo, tras la fachada de políticas bien intencionadas, se esconde el verdadero objetivo de los burócratas y políticos: perpetuar su propio poder y asegurar la expansión del aparato estatal. Cada nueva política, cada nuevo programa social, aunque en el papel pueda parecer bien fundamentado, se convierte en una nueva excusa para justificar más intervención, más gasto y, por ende, más control. Lo que muchas veces no se dice es que estos programas rara vez son implementados de manera eficiente o efectiva. En lugar de ello, se convierten en mecanismos para enriquecer a los mismos actores que los promueven, mientras que las comunidades para las cuales supuestamente fueron creados siguen sufriendo las mismas carencias.

Esto se ve claramente en sectores clave como la educación y la salud. En teoría, estos servicios públicos deberían ser accesibles, de calidad y garantizar derechos fundamentales. Pero la realidad es que, al estar bajo el control de un Estado que crece sin límites, los costos se disparan y los resultados son mediocres. En Colombia, la educación pública enfrenta enormes desafíos: desde una infraestructura deficiente hasta una desconexión total entre la formación académica y las demandas del mercado laboral. Los jóvenes se gradúan sin las habilidades necesarias para prosperar en el mundo real, atrapados en un sistema que privilegia la teoría y la ideología por encima de la competencia y la innovación.

La narrativa oficial insiste en que necesitamos más políticas públicas, más intervención del Estado para corregir estos problemas. Pero lo que no se discute es que esta intervención es, en muchos casos, la raíz del problema. Un Estado inflado no solo aumenta los costos de vida, sino que restringe la libertad de elección de los ciudadanos. La educación, por ejemplo, debería estar guiada por los intereses y talentos individuales de los estudiantes, no por un currículum centralizado y diseñado para moldear a las futuras generaciones bajo un modelo estandarizado. Si el mercado y la competencia tuvieran mayor protagonismo en este sector, las universidades y escuelas tendrían incentivos reales para mejorar su oferta y reducir costos, haciendo que la educación sea accesible y relevante para la vida real.

Lo mismo ocurre con la salud. Aunque la narrativa estatal se enorgullece de tener un sistema de salud público que garantiza la cobertura para todos, la realidad es que el sistema está colapsado. Las largas filas, la falta de medicamentos y la atención deficiente son el pan de cada día para millones de colombianos. El costo de mantener un sistema de salud centralizado y burocrático es altísimo, tanto para los contribuyentes como para los pacientes. Si se permitiera una mayor apertura al mercado, con menos intervención estatal y más competencia, los servicios de salud no solo serían más accesibles, sino que la calidad mejoraría considerablemente.

El gobierno no solo controla estos sectores fundamentales, sino que también tiene un férreo control sobre la narrativa económica. Las políticas económicas que se implementan, y que se presentan como soluciones para mejorar el bienestar de la población, muchas veces son las mismas que perpetúan la pobreza y el estancamiento. La constante intervención del Estado en la economía, ya sea a través de regulaciones, impuestos excesivos o el control de precios, distorsiona el libre funcionamiento de los mercados, encarece los bienes y servicios y crea barreras insuperables para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Los empresarios, en lugar de ser vistos como motores de crecimiento, son tratados como enemigos del progreso, sometidos a una maraña de trabas burocráticas que dificultan su desarrollo y aumentan el costo de hacer negocios.

Pero el problema no radica únicamente en la intervención estatal directa. A través del control de la narrativa, el gobierno ha logrado convencer a gran parte de la población de que estas políticas son necesarias y que el mercado es el verdadero enemigo. Este es uno de los mayores logros de la propaganda estatal: hacer que la gente crea que sin el Estado, todo se desmoronaría, que las libertades individuales y la autonomía son peligrosas, y que el control centralizado es la única vía hacia el bienestar colectivo. En este contexto, cualquier voz disidente es rápidamente silenciada o deslegitimada, etiquetada como "desinformación" o "propaganda". 

En nuestra era, donde la información está más accesible que nunca, la verdadera batalla se libra por el control del conocimiento. Quienes controlan la narrativa tienen el poder de definir la realidad, de moldear lo que la sociedad acepta como verdadero o falso. Y en esta batalla, el ciudadano común está en desventaja. Desde las redes sociales hasta los medios de comunicación tradicionales, las plataformas a través de las cuales accedemos a la información están controladas por intereses que, a menudo, están alineados con los mismos actores estatales que perpetúan el statu quo. Las voces que cuestionan la narrativa dominante son silenciadas, mientras que aquellas que refuerzan el poder del Estado son amplificadas.

La única manera de liberarse de este control es ser escéptico, cuestionar la narrativa oficial y buscar la verdad de manera independiente. El conocimiento es poder, y en una sociedad donde el poder reside en la información, controlar lo que se sabe es la máxima forma de dominación. En este sentido, el verdadero desafío no es solo político o económico, sino existencial. Se trata de recuperar nuestra capacidad de pensar críticamente, de tomar decisiones informadas y, en última instancia, de ser verdaderamente libres.