El Estado, la Equidad y la Falsa Promesa del Socialismo en la Colombia Actual

En la plaza pública de la ideología, el Estado se presenta como el gran protector, el defensor incansable de la "equidad" y la justicia social. Como un maestro vigilante en el patio de recreo, el gobierno asume que su rol es evitar que los niños se acosen entre sí, asegurándose de que todos tengan la misma oportunidad de participar en el juego. Esta metáfora, popularizada en discursos políticos y programas de gobierno, sugiere que, sin la intervención estatal, la sociedad estaría condenada a convertirse en una distopía de competencia despiadada, similar a la descrita en "El señor de las moscas". Así, se justifica la intromisión del Estado en casi todos los aspectos de la vida social y económica, bajo la premisa de que solo él puede garantizar la "equidad" entre los ciudadanos. Sin embargo, esta narrativa, profundamente enraizada en las doctrinas socialistas que han seducido a generaciones, oculta una serie de problemas éticos, económicos y sociales que, lejos de llevarnos a un futuro más justo, nos empujan hacia un abismo de control estatal y pérdida de libertades individuales.

El socialismo, desde sus orígenes, ha seducido a las masas con la promesa de una sociedad donde todos son iguales y donde el Estado se encarga de redistribuir la riqueza de manera equitativa. Sin embargo, esta teoría, que suena tan atractiva en el papel, fracasa estrepitosamente en la realidad, como ha quedado demostrado en cada intento de implementarla a lo largo de la historia. En Colombia, un país marcado por profundas desigualdades y una historia de lucha social, las ideas socialistas han encontrado terreno fértil, especialmente en el discurso de algunos líderes políticos que ven en el Estado el salvador de todos los males. Pero, ¿qué ocurre cuando estas ideas se trasladan a la práctica? ¿Qué sucede cuando la "equidad" se convierte en el objetivo principal de las políticas públicas, al costo de sacrificar las libertades individuales?

En la actualidad, las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) han ganado prominencia en Colombia, siguiendo una tendencia global. Estas políticas, en apariencia benignas y bien intencionadas, buscan asegurar que todas las instituciones reflejen proporcionalmente la diversidad demográfica del país. Bajo esta lógica, una universidad, una empresa o cualquier otra organización solo sería verdaderamente justa si la composición de su personal o estudiantes se asemeja al perfil demográfico del país en términos de raza, género y otras categorías. Pero este enfoque numérico de la justicia plantea una serie de problemas éticos que son imposibles de ignorar.

Al imponer cuotas y metas basadas en la representación demográfica, las políticas de DEI erosionan principios fundamentales como la libertad contractual y la libertad de asociación. Imaginemos a un empresario que, siguiendo su propio criterio y valores, desea contratar a los mejores talentos para su empresa. Sin embargo, se ve obligado a priorizar características como el género o la raza por encima de la competencia o la experiencia, simplemente para cumplir con las normas impuestas por el Estado. Este empresario ya no es libre de tomar decisiones basadas en lo que considera mejor para su negocio; su libertad contractual ha sido sacrificada en el altar de la "equidad". Asimismo, la libertad de asociación se ve comprometida cuando las personas ya no pueden formar grupos o comunidades basadas en intereses compartidos, sino que deben ajustarse a las exigencias de diversidad impuestas desde arriba. Esta coerción, lejos de promover una sociedad más justa, genera resentimiento, división y, en última instancia, socava la confianza en las instituciones.

Este problema se agrava aún más en el ámbito educativo, donde las políticas de DEI a menudo se traducen en un adoctrinamiento ideológico. En lugar de fomentar un pensamiento crítico y un debate abierto, las universidades y escuelas se convierten en bastiones de una única ideología, que promueve una visión del mundo basada en teorías críticas de la raza y otros conceptos derivados del pensamiento de extrema izquierda. Los estudiantes, en lugar de ser expuestos a una diversidad de ideas y perspectivas, son condicionados a aceptar una narrativa que divide a la sociedad en opresores y oprimidos, basándose en características inmutables como el color de piel o el género. Esta imposición ideológica no solo es una traición al ideal de la educación como un espacio de libre intercambio de ideas, sino que también profundiza las divisiones sociales, al fomentar una mentalidad de víctima y opresor que envenena el tejido social.

La imposición de la equidad basada en cifras, promovida por el Estado, no es solo una política equivocada; es un ataque directo a la libertad individual y a la conciencia personal. Ningún gobierno tiene el derecho legítimo de dictar cómo las personas deben entender su identidad racial, su religión o su género. Estas son cuestiones profundamente personales, que deben ser resueltas por cada individuo, en el ejercicio de su libertad y en el contexto de sus propias experiencias y valores. El intento del Estado de regular estas áreas de la vida humana no solo es una usurpación de la libertad, sino que también es una receta para el desastre social. Al tratar de imponer una uniformidad artificial, estas políticas no promueven la cohesión social, sino que exacerban las tensiones y divisiones existentes, creando un clima de sospecha y resentimiento.

En Colombia, donde la historia reciente ha estado marcada por la polarización y el conflicto, es especialmente peligroso seguir por este camino. Las promesas de equidad y justicia social, cuando se implementan a través de la coerción estatal, no conducen a una sociedad más justa, sino a un sistema de control y represión que amenaza con destruir las libertades fundamentales que son la base de una sociedad próspera y libre. Es crucial que los ciudadanos colombianos sean conscientes de los peligros inherentes a estas políticas y se resistan a la tentación de ceder sus libertades a cambio de una promesa vacía de equidad.

En lugar de seguir el camino de la imposición estatal y la justicia basada en cifras, Colombia debe redescubrir los valores de la libertad individual, la responsabilidad personal y el mérito. Estos son los pilares de una sociedad verdaderamente justa, donde cada individuo tiene la oportunidad de prosperar basándose en su propio esfuerzo y capacidad, y no en características superficiales como su raza o género. Los ciudadanos deben exigir un gobierno que respete sus libertades y que se concentre en crear un entorno en el que todos puedan alcanzar su máximo potencial, en lugar de tratar de imponer una igualdad artificial que, en última instancia, solo lleva a la mediocridad y la frustración.

Para lograr este cambio, es fundamental que los colombianos tomen conciencia de la verdadera naturaleza del socialismo y de las políticas que, bajo la apariencia de justicia social, buscan expandir el poder del Estado a expensas de las libertades individuales. Es necesario un despertar ciudadano que rechace la narrativa de la victimización y el resentimiento, y que abrace un futuro basado en la libertad, el mérito y la responsabilidad personal. Solo así podrá Colombia evitar los errores del pasado y construir una sociedad más justa, próspera y libre para todos.